MUJERES SIN JUSTICIA
Dos veces víctimas
Victoria estaba en el auto de su ex marido. Discutían. Él insistía en retomar la relación. Le prometía que iba cambiar. Ella se negaba a volver. Le dijo muchas veces que no. Demasiadas. Finalmente, el hombre se abalanzó sobre ella y la tomó del cuello. Presionó fuerte. Ella se quedó sin aire, quiso liberarse, pero no pudo. Él, callado, siguió apretando. El silencio se rompió con el grito de su hija de 5 años, que dormía en el asiento trasero del auto. La soltó. Victoria corrió con la nena. Quería olvidar, pero una amiga le dijo que no podía, no debía olvidar, sino denunciar. Así, con miedos y culpa, comenzó su reclamo para que no la vuelva a agredir. Denuncias en la comisaría, declaraciones, turnos en los juzgados, citaciones de la Defensoría, trabajadoras sociales, pasaron a formar parte de su vida. Así se dio cuenta que no sólo era maltradada por su ex marido, sino por un sistema policial y judicial que la revictimizaba, impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos.
CERCANO OESTE. En la ONG de Morón brindan contención psicológica y asesoramiento jurídico a quince víctimas del conurbano bonaerense.
«Tengo miedo, va a ser peor, se va enojar conmigo, con la nena» era la respuesta recurrente de Victoria cuando sus amigos le insistían para hacer la denuncia. Pese a sus miedos, y a escondidas de su familia que le decía que «todo iba a ser peor», ella, acompañada por una amiga se dirigió a la Comisaría de la Mujer de Esteban Echeverría. Junto con su nena y frente a una agente policial que escupía órdenes en vez de palabras, contó lo sucedido. No hubo nadie para contenerla. Ni en el momento que rememoró los detalles de la agresión ni cuando mostró la herida en el cuello, cubierta con un pañuelo oscuro, mientras su hija pequeña le preguntaba preocupada que le había pasado.
Cuando finalizó su testimonio, la agente le entregó un papel con su declaración, pero allí no figuraba el hecho de violencia. Sólo se relataba que Victoria y su ex marido habían discutido porque él quería retomar la relación y ella se negaba. «Si yo iba al juzgado con eso, no iba a pasar nada... si según ese papel no había existido la agresión», señala Victoria. Ella, entre el llanto, pudo modificar el contenido de su declaración y poner con nombre y apellido quién la había violentado, pero hay cientos de mujeres que no tienen la misma entereza para iniciar ese camino. «Hay muchas víctimas que van a las comisarías de la mujer y las oficiales les toman exposiciones y no denuncias de los hechos de violencia. Lo que ellas en ese momento no saben es que no se puede iniciar una acción judicial con una exposición. Entonces se vuelven con las manos vacías», explica Cristina Ochoa, una de las trabajadoras sociales del equipo de asistencia de casos de violencia de la ONG Mujeres al Oeste.
Uno de los mayores obstáculos para las mujeres a la hora de denunciar casos de violencia es que desconocen a dónde ir a pedir ayuda. Así lo revela una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). De un total de 1.600 entrevistadas de Rosario, Córdoba y Gran Buenos Aires, «una de cada diez no sabe a quién o dónde podría recurrir una mujer víctima de violencia familiar». A este desconocimiento se suma –según las opiniones de las especialistas– la falta de capacitación y el machismo de los agentes que atienden en las sedes policiales. «Las comisarías no están capacitadas para tratar estos problemas. Las mujeres se sienten juzgadas, no tienen espacios de contención, los policías les dicen “¿y por qué no te fuiste antes?”, desestiman la denuncia», cuenta Ochoa. Este maltrato institucional se convierte en la primera traba que encuentran las mujeres. La revictimización es la carta común tanto en las comisarías comunes como en las de familia o mujer.
Un largo camino
Para Ana María Requejo, abogada especializada en violencia de género, lo fundamental es brindar contención a las mujeres para que estén seguras del paso que dan a la hora de iniciar una acción judicial. «El denunciar al esposo no es lo que esta sociedad espera de ellas, aun cuando las golpeen», sostuvo. «Por eso, cuando se animan a denunciar, comienza para ellas una tarea que en muchos casos es tediosa: relatar el maltrato, visitar a los diferentes peritos explicándoles lo sucedido, esperar que la justicia desaloje al violento de la vivienda. Lleva en ocasiones meses, con el peligro de que el violento vuelva y las lastime aun con la prohibición de acercarse», advirtió.
Tras realizar la denuncia, Victoria se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. «No es acá, tenés que ir a los tribunales de familia de Banfield, fijate si es el 3 o el 4», fue la primera respuesta judicial. Luego de hacer cola por dos horas, una empleada del tribunal N° 3, le dijo: «Tenés que ir a la defensoría de Alem y volver acá a devolver el expediente».
La joven salió hacia la tercera oficina pensando si llegaría a tiempo para retirar a su hija del colegio. Fue allí con la ilusión de que alguien la escuchara y la ayudara en esa maraña burocrática, pero la defensora que la atendió no tenía en mente lo mismo. «Pero no es tan grave la herida», le dijo, refiriéndose a las marcas en el cuello que le mostraba la joven.
Victoria salió de allí con una orden para citar al agresor. Pese a sus miedos y a la falta de contención de su entorno familiar, la joven continuó con su lucha en los Tribunales. No tardaron en llegar las amenazas personales y telefónicas de su ex marido. La negativa del agresor a presentarse a las citaciones judiciales desmotivaron a la denunciante. Esto la llevó a desistir de la medida. Para ese entonces, el hombre ya no le daba dinero para mantener a su hija, y perder toda una mañana en Tribunales significaba para ella perder un día de trabajo.
«Por todo esto, es imprescindible crear grupos interdisciplinarios que las puedan contener, personas en quienes ellas confíen y donde encuentren contención. Ellas necesitan encontrarse seguras, porque tienen muy baja la autoestima. Han vivido por años en ese círculo y es lo único que conocen. Es necesario demostrarles que existe otra vida, que merecen otra oportunidad, no han hecho nada, salvo amar al hombre equivocado», advierte Requejo. «Además
–agrega Ochoa– es necesario capacitar al personal policial y judicial. Desconocen las leyes que amparan a las mujeres o las conocen y no las aplican. Hay jueces que hacen audiencias compartidas entre la victima y el victimario. En los casos de violencia, no hay espacio para la mediación, así lo establece la ley. Todavía no hemos asumido que la violencia domestica existe. No se puede postergar hasta mañana u otro día, porque eso significa la muerte y lo vemos diariamente. Los diarios hablan de crímenes pasionales y no es cierto, son lisa y llanamente femicidios», analiza Requejo.
Marta D’Ovidio, abogada especializada en derecho de familia, recorre diariamente los tribunales de familia de San Isidro y sufre la falta de recursos humanos y edilicios de la estructura judicial para hacer frente a los cientos de casos de violencia que ingresan por día. «Hay sólo dos tribunales. Para ver un expediente tenés que hacer colas larguísimas y llegás a esperar más de una hora. Hay cualquier cantidad de denuncias en el Colegio de Abogados desde hace años, y sé que hay un proyecto para crear seis juzgados de familia, pero todavía no hay nada», se queja. «Uno puede darle el mejor asesoramiento a la víctima, pero el contexto que la rodea y su propia realidad no le permite tomar las decisiones adecuadas, ya que tampoco la estructura jurídica y social la cuida del maltrato a la que esta sometida», explica.
Victoria desistió con la denuncia por violencia, pero continuó con el pedido de alimentos para el padre. Como carecía de recursos para pagar una abogada, solicitó asistencia gratuita a la Justicia. El problema fue que le asignaron a una letrada que se encontraba de licencia por tiempo indeterminado. «La mayor dificultad de las mujeres que atraviesan relaciones violentas se vincula con la falta de acceso a la Justicia, concepto que es más amplio que contar con asistencia y patrocinio jurídico», aclara la investigación de ELA publicada en el libro Violencia familiar. Aporte para la discusión de políticas públicas y acceso a la justicia.
«El acceso a la justicia requiere, además, el conocimiento de los derechos de ciudadanos y ciudadanas y de los medios para ejercerlos; la posibilidad de acceder al sistema de administración judicial, y que éste llegue a pronunciamientos justos en un tiempo razonable, la posibilidad de sostener el proceso judicial completo y, sobre todo, la conciencia de que el acceso a la justicia es un derecho, y un deber del Estado garantizarlo».
Según una encuesta realizada dentro de la misma investigación entre 1.600 mujeres de Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, sólo 4 de cada 10 entrevistadas manifestaron conocer la existencia de una ley que protege a las personas víctimas de violencia. Esta norma, aprobada por el Congreso en abril de 2009, garantiza una asistencia integral a las víctimas y promueve diferentes acciones para prevenir y generar conciencia del problema. A un año de su sanción, el Consejo Nacional de las Mujeres anunciará en pocos días la reglamentación de la norma, paso indispensable para su puesta en práctica.
Victoria pudo continuar con su pedido de alimentos, no gracias al sistema judicial de Lomas de Zamora, sino a la ayuda desinteresada y militante de una abogada del colectivo de mujeres Juana Azurduy.
Elisabet Contrera
FUENTE: http://www.acciondigital.com.ar/10-05-10/pais.html#sociedad
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