lunes, 24 de mayo de 2010

BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO


























domingo, 23 de mayo de 2010

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. CAMBIA TU ACTITUD.

MUJERES SIN JUSTICIA

Dos veces víctimas


Victoria estaba en el auto de su ex marido. Discutían. Él insistía en retomar la relación. Le prometía que iba cambiar. Ella se negaba a volver. Le dijo muchas veces que no. Demasiadas. Finalmente, el hombre se abalanzó sobre ella y la tomó del cuello. Presionó fuerte. Ella se quedó sin aire, quiso liberarse, pero no pudo. Él, callado, siguió apretando. El silencio se rompió con el grito de su hija de 5 años, que dormía en el asiento trasero del auto. La soltó. Victoria corrió con la nena. Quería olvidar, pero una amiga le dijo que no podía, no debía olvidar, sino denunciar. Así, con miedos y culpa, comenzó su reclamo para que no la vuelva a agredir. Denuncias en la comisaría, declaraciones, turnos en los juzgados, citaciones de la Defensoría, trabajadoras sociales, pasaron a formar parte de su vida. Así se dio cuenta que no sólo era maltradada por su ex marido, sino por un sistema policial y judicial que la revictimizaba, impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos.



CERCANO OESTE. En la ONG de Morón brindan contención psicológica y asesoramiento jurídico a quince víctimas del conurbano bonaerense.

«Tengo miedo, va a ser peor, se va enojar conmigo, con la nena» era la respuesta recurrente de Victoria cuando sus amigos le insistían para hacer la denuncia. Pese a sus miedos, y a escondidas de su familia que le decía que «todo iba a ser peor», ella, acompañada por una amiga se dirigió a la Comisaría de la Mujer de Esteban Echeverría. Junto con su nena y frente a una agente policial que escupía órdenes en vez de palabras, contó lo sucedido. No hubo nadie para contenerla. Ni en el momento que rememoró los detalles de la agresión ni cuando mostró la herida en el cuello, cubierta con un pañuelo oscuro, mientras su hija pequeña le preguntaba preocupada que le había pasado.
Cuando finalizó su testimonio, la agente le entregó un papel con su declaración, pero allí no figuraba el hecho de violencia. Sólo se relataba que Victoria y su ex marido habían discutido porque él quería retomar la relación y ella se negaba. «Si yo iba al juzgado con eso, no iba a pasar nada... si según ese papel no había existido la agresión», señala Victoria. Ella, entre el llanto, pudo modificar el contenido de su declaración y poner con nombre y apellido quién la había violentado, pero hay cientos de mujeres que no tienen la misma entereza para iniciar ese camino. «Hay muchas víctimas que van a las comisarías de la mujer y las oficiales les toman exposiciones y no denuncias de los hechos de violencia. Lo que ellas en ese momento no saben es que no se puede iniciar una acción judicial con una exposición. Entonces se vuelven con las manos vacías», explica Cristina Ochoa, una de las trabajadoras sociales del equipo de asistencia de casos de violencia de la ONG Mujeres al Oeste.
Uno de los mayores obstáculos para las mujeres a la hora de denunciar casos de violencia es que desconocen a dónde ir a pedir ayuda. Así lo revela una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). De un total de 1.600 entrevistadas de Rosario, Córdoba y Gran Buenos Aires, «una de cada diez no sabe a quién o dónde podría recurrir una mujer víctima de violencia familiar». A este desconocimiento se suma –según las opiniones de las especialistas– la falta de capacitación y el machismo de los agentes que atienden en las sedes policiales. «Las comisarías no están capacitadas para tratar estos problemas. Las mujeres se sienten juzgadas, no tienen espacios de contención, los policías les dicen “¿y por qué no te fuiste antes?”, desestiman la denuncia», cuenta Ochoa. Este maltrato institucional se convierte en la primera traba que encuentran las mujeres. La revictimización es la carta común tanto en las comisarías comunes como en las de familia o mujer.

Un largo camino

Para Ana María Requejo, abogada especializada en violencia de género, lo fundamental es brindar contención a las mujeres para que estén seguras del paso que dan a la hora de iniciar una acción judicial. «El denunciar al esposo no es lo que esta sociedad espera de ellas, aun cuando las golpeen», sostuvo. «Por eso, cuando se animan a denunciar, comienza para ellas una tarea que en muchos casos es tediosa: relatar el maltrato, visitar a los diferentes peritos explicándoles lo sucedido, esperar que la justicia desaloje al violento de la vivienda. Lleva en ocasiones meses, con el peligro de que el violento vuelva y las lastime aun con la prohibición de acercarse», advirtió.
Tras realizar la denuncia, Victoria se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. «No es acá, tenés que ir a los tribunales de familia de Banfield, fijate si es el 3 o el 4», fue la primera respuesta judicial. Luego de hacer cola por dos horas, una empleada del tribunal N° 3, le dijo: «Tenés que ir a la defensoría de Alem y volver acá a devolver el expediente».
La joven salió hacia la tercera oficina pensando si llegaría a tiempo para retirar a su hija del colegio. Fue allí con la ilusión de que alguien la escuchara y la ayudara en esa maraña burocrática, pero la defensora que la atendió no tenía en mente lo mismo. «Pero no es tan grave la herida», le dijo, refiriéndose a las marcas en el cuello que le mostraba la joven.
Victoria salió de allí con una orden para citar al agresor. Pese a sus miedos y a la falta de contención de su entorno familiar, la joven continuó con su lucha en los Tribunales. No tardaron en llegar las amenazas personales y telefónicas de su ex marido. La negativa del agresor a presentarse a las citaciones judiciales desmotivaron a la denunciante. Esto la llevó a desistir de la medida. Para ese entonces, el hombre ya no le daba dinero para mantener a su hija, y perder toda una mañana en Tribunales significaba para ella perder un día de trabajo.
«Por todo esto, es imprescindible crear grupos interdisciplinarios que las puedan contener, personas en quienes ellas confíen y donde encuentren contención. Ellas necesitan encontrarse seguras, porque tienen muy baja la autoestima. Han vivido por años en ese círculo y es lo único que conocen. Es necesario demostrarles que existe otra vida, que merecen otra oportunidad, no han hecho nada, salvo amar al hombre equivocado», advierte Requejo. «Además
–agrega Ochoa– es necesario capacitar al personal policial y judicial. Desconocen las leyes que amparan a las mujeres o las conocen y no las aplican. Hay jueces que hacen audiencias compartidas entre la victima y el victimario. En los casos de violencia, no hay espacio para la mediación, así lo establece la ley. Todavía no hemos asumido que la violencia domestica existe. No se puede postergar hasta mañana u otro día, porque eso significa la muerte y lo vemos diariamente. Los diarios hablan de crímenes pasionales y no es cierto, son lisa y llanamente femicidios», analiza Requejo.
Marta D’Ovidio, abogada especializada en derecho de familia, recorre diariamente los tribunales de familia de San Isidro y sufre la falta de recursos humanos y edilicios de la estructura judicial para hacer frente a los cientos de casos de violencia que ingresan por día. «Hay sólo dos tribunales. Para ver un expediente tenés que hacer colas larguísimas y llegás a esperar más de una hora. Hay cualquier cantidad de denuncias en el Colegio de Abogados desde hace años, y sé que hay un proyecto para crear seis juzgados de familia, pero todavía no hay nada», se queja. «Uno puede darle el mejor asesoramiento a la víctima, pero el contexto que la rodea y su propia realidad no le permite tomar las decisiones adecuadas, ya que tampoco la estructura jurídica y social la cuida del maltrato a la que esta sometida», explica.
Victoria desistió con la denuncia por violencia, pero continuó con el pedido de alimentos para el padre. Como carecía de recursos para pagar una abogada, solicitó asistencia gratuita a la Justicia. El problema fue que le asignaron a una letrada que se encontraba de licencia por tiempo indeterminado. «La mayor dificultad de las mujeres que atraviesan relaciones violentas se vincula con la falta de acceso a la Justicia, concepto que es más amplio que contar con asistencia y patrocinio jurídico», aclara la investigación de ELA publicada en el libro Violencia familiar. Aporte para la discusión de políticas públicas y acceso a la justicia.
«El acceso a la justicia requiere, además, el conocimiento de los derechos de ciudadanos y ciudadanas y de los medios para ejercerlos; la posibilidad de acceder al sistema de administración judicial, y que éste llegue a pronunciamientos justos en un tiempo razonable, la posibilidad de sostener el proceso judicial completo y, sobre todo, la conciencia de que el acceso a la justicia es un derecho, y un deber del Estado garantizarlo».
Según una encuesta realizada dentro de la misma investigación entre 1.600 mujeres de Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, sólo 4 de cada 10 entrevistadas manifestaron conocer la existencia de una ley que protege a las personas víctimas de violencia. Esta norma, aprobada por el Congreso en abril de 2009, garantiza una asistencia integral a las víctimas y promueve diferentes acciones para prevenir y generar conciencia del problema. A un año de su sanción, el Consejo Nacional de las Mujeres anunciará en pocos días la reglamentación de la norma, paso indispensable para su puesta en práctica.
Victoria pudo continuar con su pedido de alimentos, no gracias al sistema judicial de Lomas de Zamora, sino a la ayuda desinteresada y militante de una abogada del colectivo de mujeres Juana Azurduy.

Elisabet Contrera

FUENTE: http://www.acciondigital.com.ar/10-05-10/pais.html#sociedad

AFJP: Cobertura social, mejora en haberes e inversión productiva.

ECONOMÍA: POLÍTICAS PREVISIONALES

Menos costos, más beneficios

La reforma previsional coronó el esfuerzo del Gobierno Nacional por modificar el rumbo de una política pública que llevó al deterioro y desfinanciamiento del sistema en los 80, a la privatización de la gestión previsional en los 90 y a su posterior crisis.
Los principales hitos de esta transformación fueron tres: la política de inclusión previsional que otorgó cerca de 1.500.000 beneficios; el aumento del haber mínimo y la promulgación de la ley de Movilidad o reajuste de los haberes previsionales (ley 26.417) y la más importante, la eliminación del ex régimen de capitalización y la instauración de un régimen único, basado en un sistema público de reparto (ley 26.425).



MORATORIA. El régimen incorporó nuevos beneficiarios y tuvo un efecto redistributivo.

Los problemas que acumulaba el Régimen de Capitalización a fines de 2008 conformaban un mosaico variopinto:
• Los costos de administración del sistema más que duplicaban los de gestión de la Anses, aunque con distintas funciones y sujetos.
• La distribución del riesgo sistémico era individual, lo que significó, en época de crisis financiera global, el recorte del haber del/a jubilado/a.
• La cartera de activos de los fondos de jubilaciones y pensiones estaba compuesta en más del 50% por bonos del Estado, con lo cual el pago de intereses por dichas colocaciones contribuían onerosamente al déficit fiscal y al endeudamiento público.
• El incumplimiento de las expectativas iniciales sobre el fortalecimiento del ahorro nacional y el incentivo a la registración del trabajo, entre otros.
Sin embargo, el principal problema que existía era la tendencia a la reducción de la cobertura. Dicha propensión está asociada con que el sistema pensional exige reunir 30 años de aportes para el otorgamiento del beneficio, en un contexto laboral en el cual hay un 40% de trabajadores desprotegidos, sin seguridad social. Ello supone que extensas franjas de la población que no tienen cabida en el mercado laboral formal no tengan derecho a una jubilación.

Mundos complejos

Así, la realidad realza la necesidad de que el sistema previsional contemple la complejidad del mundo del trabajo. Para paliar este problema se impulsó un régimen de moratoria previsional que amplió el período de reconocimiento de deuda. Luego, se acotó dicho período, pero aún así, la mayoría de los beneficios otorgados en 2008 y 2009 lo hacen a través de la moratoria.
Se podrá decir que no es un método muy ortodoxo para aumentar la cobertura, o que más de 300.000 beneficios fueron a parar a personas que ya tenían uno, de pensión o jubilación. Sin embargo, es un mecanismo que aumentó la cobertura con un notable efecto redistributivo del ingreso.
El desafío aquí es estudiar un diseño del sistema que haga robusta la institucionalidad de la cobertura, que elimine su tendencia declinante y que no la haga depender de la discrecionalidad de un gobierno determinado.
Otro aspecto de importancia se relaciona con los haberes previsionales y su estructura. Entre 1980 y 2010, la participación de los haberes mínimos en el total subió del 40% a más del 80%. Ello es muy sugestivo respecto de lo «contributivo» que el sistema en realidad es. Más aún, si la financiación del sistema depende en un 40% del financiamiento tributario (esencialmente coparticipación, IVA, Ganancias y Combustibles), se pone en jaque a esta idea de que tenemos un sistema verdaderamente «contributivo».
Además, una sombra de inequidad también ronda sobre ese financiamientro tributario: supone que habrá trabajadores informales, con vulnerabilidad laboral, población no cubierta por la seguridad social que paga impuestos para financiar parte de la prestación previsional de aquellos que sí están en el mercado laboral formal.

Menores costos

El reemplazo del régimen de capitalización por un sistema de reparto trajo aparejado importantes beneficios para la sociedad. En primer lugar, una baja de los costos del sistema, que pueden, al menos, dividirse en tres: en primer lugar, reducción en los costos operativos, pues como se dijo, los de las AFJP eran sensiblemente mayores a los de Anses. Luego, menores costos del seguro de invalidez y fallecimiento, cuya cobertura estaba a cargo de compañías de seguro de vida, y era sufragado enteramente por los aportantes del sistema, con el consiguiente impacto negativo en el monto del futuro haber ju-
bilatorio. Hoy el financiamiento de ese
seguro se apoya además en las contribuciones patronales y en los ingresos tributarios del sistema, y no condiciona dicho monto. En tercer término, se eliminaron los nuevos flujos del llamado «costo de transición», derivado de la implementación del régimen de capitalización y asumido a partir de que el Estado debió endeudarse para compensar la «pérdida» de los aportes personales que alimentaban las cuentas de capitalización individual. Esa deuda generó pagos de intereses y más endeudamiento.
La nueva realidad derivó en importantes recursos que aportan a la solidez financiera del sistema, aunque dichos ingresos tienen una contrapartida relevante: la obligación del pago de beneficios futuros. Sin embargo, el sistema de reparto puede, hipotéticamente, contar con financiamiento derivado de aumentos en las alícuotas de aportes y contribuciones a ser aplicados a generaciones futuras.
Esta característica ha sido llamada «impuesto oculto» y su dimensión dependerá del equilibrio en el manejo que los gobiernos hagan de esa relación intertemporal, de ese vínculo entre el presente y el futuro.

Sin litigios

Mucho se habló, en su momento, respecto de la litigiosidad que la «nacionalización» del sistema generaría. Se decía que los recursos de los fondos administrados por las AFJP eran propiedad de los aportantes, y por ende, resultaba «otro despojo más» al trabajador argentino.
Sin embargo, se sustrajeron del debate dos características que precisamente tiñen el problema de otro color y generan otros beneficios sociales.
En primer lugar, que los fondos acumulados tenían una aplicación única y exclusiva: pagar haberes previsionales. No había otro destino posible.
En segundo lugar, la ley 26.425 determina una garantía estatal consistente en otorgar beneficios «iguales o mejores» que los ofrecidos por el régimen de capitalización. Eso significa que hoy existe una garantía estatal que opera sobre el riesgo de licuación del beneficio que el régimen de capitalización no podía cubrir, lo cual luce más sólido que el derecho sobre una propiedad intrínsecamente volátil.
Se dirá que ante un shock sistémico, el Estado tampoco es inmune, y por ende no podrá pagar sus compromisos. Con todo, lo determinante es la decisión
–construcción– de la política previsional, de la política de ingresos. Además, los Estados nacionales pueden desarrollar instrumentos contracíclicos que ayuden a morigerar los impactos en las finanzas públicas de los shocks macroeconómicos, demográficos y de otro tipo.
En materia previsional, lo que se ha hecho en estos últimos años se opone a lo que muestran las últimas décadas, marcando un rumbo positivo que rememora otras épocas. El Estado de Bienestar fue sobre todo el Estado de Bienestar de la Vejez. La vejez es posible en la medida de la existencia de un sistema previsional justo y sólido.
Esa visión, desde luego, no implica desconocer la existencia de inequidades, problemas e insuficiencias del sistema presente. Hay todavía mucho por hacer y la capacidad de gestión del sistema, su calidad institucional, son elementos relevantes en la consolidación de los derechos previsionales de los trabajadores.

Sergio Carpenter
Presidente del IADE



DANIEL VÍCTOR SOSA - PERIODISTA


Secuencias


La secuencia que prevé el ministro Amado Boudou es la siguiente: canje de deuda-salida del default-regreso a los mercados internacionales de crédito-nuevo financiamiento para Gobierno y empresas-baja de tasas de interés-creciente inversión privada-aumento de la capacidad para incrementar la oferta de bienes y servicios. En síntesis, nuevo impulso al crecimiento y el empleo, con mayor estabilidad.
El panorama que avizoran sectores de la oposición es diametralmente opuesto. El cambio con respecto al presente «no sería tan drástico», advierte por ejemplo Roberto Frenkel. Ese y otros analistas creen que al margen de la aceptación de los bonistas a la propuesta gubernamental, quedan numerosos escollos por afrontar antes de ingresar en el ansiado círculo virtuoso.
Para empezar –anotan los escépticos–, si se pretende financiar la deuda con el Club de París, debería contarse primero con el OK del FMI. Luego, el riesgo país no caería tanto, porque los inversores continuarían su «castigo» ante la presunta manipulación de estadísticas de precios desde 2007.
Otro obstáculo al abaratamiento del crédito y el ingreso de capitales sería la ausencia de relaciones con el FMI: «No hacemos la consulta del artículo IV porque nuestros datos oficiales son impresentables», se lamenta Frenkel en sus últimas apariciones en La Nación y Clarín. Para quienes comparten este diagnóstico, hay que poner el eje en la inflación, porque lo que hay es horrible y se viene un verdadero y catastrófico desborde. Curiosamente, lo suelen advertir los mismos oligopolios fabriles y agrarios que acumulan cada vez más ganancias, o voceros alarmistas que no logran ubicar en ese tétrico cuadro la persistente baja de tasas de interés locales, las caídas en alimentos por razones estacionales o el cuasi congelamiento de un conjunto de tarifas.
¿Cuál sería entonces la secuencia alternativa? Enfriar la economía; amigarse con el FMI (y volver a escuchar sus consejos); achicar el gasto público; aplicar fuertes tarifazos en energía y transporte (para reducir subsidios); liberar la exportación de carnes y granos. Y ¿por qué no? ir pensando en una buena devaluación.

FUENTE:http://www.acciondigital.com.ar/01-05-10/pais.html#estado


REFORMA POLITICA: ¿SE PROFUNDIZARA O SOLO ES MAQUILLAJE?

Una relación particular

Fue cartel, bandera y grito. Finalizaba 2001, y junto con una sucesión inédita de presidentes temporarios, la frase circulaba por todo el país: «Que se vayan todos», reclamo generalizado que marcó el punto más alto de crisis política e institucional desde el fin de la dictadura, y la necesidad de construir una nueva forma de hacer política, con participación popular y mejores mecanismos de control que los existentes.

CONGRESO. La reforma aprobada por el Parlamento, con veto parcial del Poder Ejecutivo, favorece la profundización del bipartidismo.

Pero aquellas marchas, actos, asambleas populares, cortes de calles, no apuntaban solamente a los dirigentes políticos, como se instaló a través de las crónicas periodísticas de entonces. ¿No había allí una expresión de hartazgo ante la falta de canales adecuados de participación ciudadana? ¿No surgía aquel grito como protesta ante la consagración de la impunidad, nacida de la continuidad en los tribunales de centenares de funcionarios instalados por la dictadura y con la consolidación judicial de las leyes que impidieron el juzgamiento de los genocidas?
Cuando se habla de reforma política se la suele circunscribir al funcionamiento de los partidos, dejando de lado otras instancias que hacen, también, al funcionamiento del Estado. De tal modo que limitar la crisis a la práctica política, a la representatividad de los partidos, parece un enfoque limitado. Lo que detonó la reacción social del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue la profunda crisis institucional causada por un modelo económico de exclusión, iniciado durante la dictadura genocida, que puso al Estado al servicio del mercado. La crisis, esa crisis que motiva la necesidad de una reforma, alcanza a todo el sistema democrático posterior a 1983, atravesando los tres poderes del Estado.
Atender esta compleja situación debería ser el centro de una reforma política, que no quede a medio camino, limitándose a la mera reformulación de algunos mecanismos electorales y de organización partidaria. Algo así ocurrió en diciembre pasado. 42 senadores levantaron la mano en la última sesión realizada antes del recambio legislativo, y aprobaron la ley 26.571, que luego recibió el veto presidencial de dos de sus artículos, por el cual se dificulta la formación y legalización de las fuerzas nuevas o más pequeñas.
No se pusieron en discusión en esa oportunidad iniciativas como institutos de democracia semidirecta –herramientas que acercan a la sociedad a las políticas que se implementan desde el Estado, entre otras, consulta popular de ágil implementación, iniciativa ciudadana, referendos, revocatorias de mandato, presupuesto participativo–, mecanismos democráticos para la designación de los jueces, políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción y libre acceso a la información pública, entre otros temas que podrían abrir camino a cambios profundos. Para peor, en la mayoría de los debates «mediáticos» que se fueron desarrollando en este período, la reforma necesaria quedó reducida a cuestiones como listas sábana, voto electrónico y el «costo de la política».

Cambio de clima

«El 2001 es un punto de eclosión, aunque en realidad la crisis venía de antes. Más que una crisis vinculada sólo con la legitimidad o la representatividad, se viene dando, desde la globalización neoliberal, un proceso de deterioro progresivo de los estados nacionales que impacta directamente en la dimensión del poder», afirma el sociólogo Angel Petriella. «Es decir, durante 20 años los Estados han quedado relegados a administrar conflictividades en las cuales ellos no eran los actores emergentes en la toma de decisiones, por el contrario, lo eran los grandes grupos de poder, corporaciones transnacionales y estamentos no estructurados. Esto fue generando una suerte de obsolescencia relativa por parte de los Estados».
El «encauce» institucional llegó dos años más tarde, luego de las elecciones convocadas con anticipación por Eduardo Duhalde, al cabo de la «masacre de Avellaneda» en la que fueron asesinados por fuerzas policiales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El caudillo de Lomas de Zamora dejó la Casa Rosada sin siquiera haber cumplido el período de mandato original de Fernando de la Rúa.
En ese lapso se experimentaron nuevas formas de participación social –movimientos piqueteros, asambleas barriales– y se produjo, no sólo en la Argentina sino en todo el continente, un cambio de «clima de época», a partir del cual comenzaron a consolidarse liderazgos con, en mayor o menor medida, una impronta reformista, que tomaba distancia de algunos aspectos de la política que se adueñó del continente entre los 70 y los 90.
Parecía entonces más instalado que nunca el tema de la reforma política y se percibió una demanda social en tal sentido. La acción desgastante del modelo neoliberal, la sujeción de la política a la economía y la fuerte influencia de las corporaciones mediáticas con su capacidad de crear sentido en la sociedad, confluyeron para que la política se convierta en mala palabra para mucha gente.
«Existe un proceso doble. Por un lado, un vaciamiento de lo político por la lógica del mercado que se generó en el esquema neoliberal», puntualiza Petriella. «Pero también hay un intento de recuperación de lo político, tanto en nuestro país como en otros de América latina, sobre la base de un desacoplamiento de ese modelo y un intento de colocar lo político en el marco de la apropiación de esos proyectos. Ahí se produce una puja y una tensión», afirma el sociólogo y añade: «Hay que hacerse cargo de esa tensión y reclamar que los partidos políticos son y deben ser el espacio de configuración de las expectativas colectivas de los ciudadanos. Los partidos políticos deben representar a los ciudadanos –concluye– en el marco de la puja política y en el marco de la ética».
Surge entonces la necesidad de analizar si existe un reclamo social en cuanto a transformar las reglas de juego de la política. Porque desde 1983, el tema de la reforma fue levantado en distintas oportunidades, pero en general ocurrió a partir de la conveniencia coyuntural del sector político triunfante, que proponía cambios que se ajustaban a sus proyectos.
Acerca del momento en que se sancionó la más reciente legislación de reforma política divergen las opiniones. Para Juan Manuel Abal Medina, politólogo, subsecretario de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de la Nación, «Existe claramente una demanda social en el sentido más genuino del término, no es una demanda por determinadas medidas, sino porque la política vuelva a representar los intereses sociales. Lo que tenemos en la Argentina –señala Abal Medina–, como consecuencia de los 90, y que explotó en 2001, es la pérdida absoluta de los vínculos entre representantes y representados». En cambio, para el periodista y licenciado en Ciencias Políticas, José Natanson, «La demanda social es contradictoria porque por un lado está la idea de que “hay que democratizar los partidos”, “tiene que haber internas”, etcétera. Pero cuando los dirigentes de un mismo partido comienzan a competir entre sí la gente dice “¡Ah, no, se pelean entre ellos!”. Me parece que hay una demanda difusa», concluye el columnista de Página/12.

Nuevos canales

La participación popular y la representatividad de los partidos políticos sobresalen como problemáticas centrales a resolver si se tiene como objetivo profundizar la democracia y recuperar la política para el pueblo. Petriella aboga por una «democracia anclada en la participación y en la visión que la gente pueda tener de la resolución de la cosa pública en tanto y en cuanto afecta sus intereses».
Pero, ¿qué quiere decir participación y cómo se la mide? En algunos casos, se vincula con el clima político de un país. Al respecto, Natanson se refiere a un caso cercano: «Creo que tiene que ver con la capacidad del sistema de expresar a su sociedad. Bolivia tenía un régimen político de muy baja participación antes de Evo Morales. Si uno toma participación no sólo como presentismo electoral, sino en un sentido más amplio, en los partidos, en los plebiscitos, en las elecciones, hoy Bolivia debe ser el país con más participación de América latina, su pueblo está súper politizado. Si bien hubo una reforma constitucional –aclara–, el sistema no cambió formalmente, sigue habiendo presidencialismo, hay un Congreso, etcétera. Lo que cambió es que ahora hay un líder indígena en el poder y se puso en marcha un profundo proceso de lucha política».
Pero hay, también, una necesidad de involucramiento social en cuestiones más cotidianas. «Creo que no se trata solamente de la participación entendida como el momento de elegir o revocar, sino también desde el momento de gestionar», expresa Petriella. «Es posible pensar en procesos de auditoría social en políticas públicas, en desarrollos de modelos participativos de gestión en sectores de la economía social y en el área de las empresas del Estado».
Por su parte, Abal Medina explica que para enfrentar la crisis de representación es necesario crear condiciones para la existencia de partidos grandes y sólidos, y añade: «Es muy importante acompañarlos con la generación de canales o herramientas de democracia semidirecta. Creo que esa es una visión muy fuerte que te permite fortalecer y profundizar la democracia, además de superar los problemas que la representación por definición tiene. Con cuestiones muy puntuales como el presupuesto participativo o los consejos consultivos, hay que ir construyendo distintos canales que permitan una participación más directa de la ciudadanía, complementada y en tensión con partidos sólidos», señala el joven funcionario nacional.
La conducción de las demandas sociales a través de los partidos políticos es uno de los componentes en crisis del sistema. Entre otros motivos, por la mencionada falta de representatividad y pérdida de significantes ideológicos fuertes que afecta a la mayoría de los partidos, especialmente los de mayor tradición y masividad.
La existencia en nuestro país de más de 600 partidos políticos no garantiza una mayor participación. Así como tampoco lo hace la preeminencia de dos partidos a lo largo de las últimas décadas, el justicialismo y la Unión Cívica Radical. La ley aprobada recientemente (ver Las reglas...), aún no reglamentada, apunta en principio a favorecer el esquema bipartidista en tanto dificulta la conformación de un nuevo entramado de organizaciones políticas.
El subsecretario de Gestión Pública defiende la ley aprobada por iniciativa del Poder Ejecutivo, y reitera la necesidad de que existan «partidos fuertes que vinculan intereses sociales y los traducen a la esfera de la política. Sin esos canales partidarios la democracia se transforma en un circo mediático, en el cual se elige de acuerdo con quién es más o menos simpático y no evaluando qué intereses sociales, qué ideologías, qué valores, qué tradiciones representan los partidos. Se trata de recuperar esa forma de entender la política».
Desde 2001 en adelante alcanzaron mayor relevancia los movimientos sociales, especialmente a partir de la irrupción de agrupamientos «piqueteros» con gran poder de movilización, pero también de otras formas de organización popular que tuvieron un gran protagonismo en los meses posteriores al estallido de la crisis. A ellos refiere el jurista Eduardo Barcesat cuando propone dos medidas a incluir en lo que, a su juicio, sería una reforma política ideal: «Una de ellas es eliminar las barreras y los topes electorales para favorecer la participación; y como hasta aquí la Constitución confiere un monopolio de la política a los partidos políticos, la otra cuestión sería pensar si los movimientos y organismos sociales pueden ensamblarse de una manera orgánica en la política para que tengan representatividad. Esto puede ser propiciado, hoy el pueblo se referencia mucho más en movimientos sociales, desde lo barrial hasta lo nacional, más que en los partidos políticos que han tenido una historia poco venturosa».
Un planteo en este sentido formularon algunas organizaciones políticas reclamando que se tenga en cuenta a los movimientos sociales en el momento de reglamentar la norma sancionada por el Congreso. Pero el pedido fue desestimado por el director nacional electoral, Alejandro Di Tulio, quien salió al cruce diciendo que «la inserción de los movimientos sociales debe darse a través de afiliaciones a los partidos políticos».
Acerca de la representación y la identificación del votante con un partido o candidato, el sociólogo y consultor en opinión pública Ricardo Rouvier, sostiene que ésta «comprende dos aspectos: uno cuantitativo y que abarca un número grande de ciudadanos, y otro cualitativo, el ejercicio pleno de la opinión y poder de las mayorías. El problema de la democracia actual, y en particular de la Argentina, es la construcción de mayorías, como lo fueron el yrigoyenismo y el peronismo». Ese alejamiento de la identificación partidaria impacta en las tendencias electorales. «Existe una mayor orientación hacia el voto negativo, por la ausencia programática de los partidos. Se vota a personalidades, define Rouvier, y esto favorece el voto emotivo o afectivo por encima del voto racional por un programa de realizaciones». Ciertos episodios registrados en recientes comicios le dan la razón a Rouvier: candidatos triunfadores en su distrito a los que no se les oyó, en toda la campaña, ninguna propuesta o idea concreta. Cada vez más, las tenidas electorales son disputas entre eslóganes y estrategia publicitarias moldeadas por especialistas, en lugar de debates de ideas y confrontación de ideologías y métodos de gobierno.

Estructuras

El tipo de institucionalidad que se logre establecer, en definitiva, tendrá que ver con el modelo de país vigente. Los mecanismos de la democracia representativa quedaron entrampados, desde diciembre de 1983, en la incapacidad que tuvo el sistema para resolver los problemas estructurales del país. Si la democracia convive con importantes índices de pobreza y desigualdad, si no alcanza los planos económico, social y civil, no es tal, se limita a una suerte de mercado electoral en el que el ciudadano sólo ejerce el derecho de elegir a los administradores del modelo a través de su voto cada dos o cuatro años. Así, el sistema vigente, en el que las organizaciones políticas, la participación y el debate fueron reemplazados en buena medida por los medios de comunicación y el marketing, se convirtió en un marco de «seguridad jurídica» para la implementación de un modelo económico de exclusión.
Una profunda reforma debería trascender los aspectos electorales y de regulación de los partidos políticos, poniendo en debate el funcionamiento de los poderes del Estado y la forma en que la ciudadanía pueda participar y controlar las acciones de gobierno, incluyendo la designación de los jueces ya que, si a 27 años de la restauración constitucional sobrevive en la estructura de la justicia un entramado de magistrados designados por los dictadores, evidentemente hay mecanismos a cambiar también en ese ámbito. Según Petriella, «una reforma política implica un concepto de reforma del Estado en las relaciones con la sociedad civil; es decir, una verdadera democratización requiere pensar en una nueva Constitución que reformule esas estructuras de representación». Se trata, en definitiva, de profundizar la democracia, de construir nuevos modos de relación entre la sociedad, el Estado y la política.

Jorge Vilas
Entrevistas: Luis Pablo Giniger

LEY 26.571

Las reglas de juego


La reforma política fue el tema principal del «diálogo» abierto luego de las elecciones del 28 de junio del año pasado. El Gobierno Nacional eligió ese eje de discusión por un doble motivo. Por un lado, para no plantear cuestiones de mayor impacto en la coyuntura luego de un proceso electoral en el que no obtuvo los resultados esperados, y por otro, porque era un punto efectivamente reclamado por varios sectores de la oposición. Curiosamente, o no tanto, algunos de esos mismos partidos que bregaban por cambios en las reglas de juego de la actividad política, se opusieron a tratarlo en ese momento ya que, dijeron, «no era prioritario».
El Gobierno avanzó de todos modos con su proyecto –al que llamó «Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral»– y logró que el Congreso lo aprobara, con modificaciones, mediante amplias mayorías (136 votos contra 99 en Diputados, 42 a 24 en el Senado).
«Es una ley predominantemente electoral, no modifica la vida partidaria ni impulsa la transformación de la política», opina Ricardo Rouvier. «Una reforma política es otra cosa –añade–. Debería surgir de un consenso de los partidos, que hoy son sólo un instrumento electoral, están muy lejos de lo que fueron».
Los puntos salientes de la ley son la implementación de elecciones primarias simultáneas, obligatorias y vinculantes para todos los partidos, mecanismo inspirado en los regímenes electorales que funcionan en Santa Fe y en Uruguay. Asimismo, se fijan criterios de regulación de la publicidad preelectoral en radio y televisión, ya que el Estado será el único financista de los gastos que cada fuerza política destinará a su campaña, y se prohíbe la publicidad de actos de gobierno desde quince días antes de la fecha de la elección general. La ley establece que las campañas electorales se reducen a 30 días para las primarias y 35 días para la elección general, la publicidad en los medios audiovisuales no podrá superar los 20 días en las primarias y los 25 días en la elección general, establece nuevas condiciones para constituir partidos y mantener la personería, y prohíbe ser candidatos a los procesados por crímenes de lesa humanidad.
En el decreto de promulgación, la Presidenta de la Nación vetó dos artículos clave, el 107 y el 108, eliminando así el plazo –hasta el 31 de diciembre de 2011– que el Congreso había establecido para que los partidos políticos se adaptaran a los nuevos requisitos fijados por la norma. Al respecto, Petriella advierte que «esta decisión del Poder Ejecutivo va en contra de la muchas veces proclamada necesidad de renovación política. La ley mejora relativamente lo anterior, en la medida que destraba algunos obstáculos que existían, pero el veto puede generar la desaparición de la mayoría de las pequeñas fuerzas y tendrá como consecuencia el fortalecimiento del bipartidismo».



PARLAMENTARISMO VS. PRESIDENCIALISMO

Formas de gobierno


Las recientes disputas entre el poder Ejecutivo y las bancadas opositoras del Congreso Nacional motivaron un incipiente debate en torno al sistema de gobierno vigente en el país. Cristina Fernández desafió a sus adversarios al decir que «la Argentina tiene un sistema presidencial, no hay cogobierno con la oposición, si quieren que eso ocurra reformen la Constitución y tengamos un sistema parlamentario». Sin dudas, este es otro ítem fundamental a discutir en el marco del análisis profundo de una reforma política integral.
El presidencialismo en la Argentina nace en el origen mismo de la Nación, lo consagra la Constitución Nacional de 1853, inspirada en el trabajo de Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización nacional.
Las sucesivas reformas constitucionales mantienen en esencia las funciones atribuidas al titular del Ejecutivo. La reforma del año 1949 consagra la reelección, entre otras modificaciones a las atribuciones presidenciales, aunque seis años después fue revertida por los golpistas de 1955. En 1994, en tanto, se intenta –en lo formal– atenuar el presidencialismo, en el marco de una reforma nacida de un pacto político cuyo objetivo central fue permitir la reelección de Carlos Menem, incorporando la figura del jefe de Gabinete de ministros, la consagración de la autonomía municipal, el nuevo estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la jerarquización constitucional de órganos de control como la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, la figura del presidente mantuvo su preeminencia absoluta en el sistema político.
Angel Petriella plantea el debate en un nivel de reflexión. «Creo que hay que enfocar esto en el marco de una batalla de ideas. Preguntarse, ¿debe seguir siendo el Senado la cámara que, en última instancia, legitima lo más conservador en forma permanente o sería mejor pensar en un Parlamento unicameral?, ¿debe seguir teniendo el presidencialismo, que es una gran tradición, la validez y vigencia para poder manejar las conflictividades que aparecen desde lo político y las estructuras que tienen que ver con los intereses sectoriales?, ¿no será mejor pensar en un parlamentarismo?».
Para Eduardo Barcesat, «en lo institucional quizás habría que avanzar hacia un sistema parlamentarista que puede tener una infinidad de variables y grados, pero que sin ninguna duda permite una mayor participación popular y mejor control de la gestión pública. Además, los posibles cortocircuitos o estallidos pueden tener una solución más rápida sin que se ponga todo en crisis como sucedió en 2001». Abal Medina, por su parte, admite que «es una discusión posible». Y agrega: «Algunos pueden pensar también en cuestiones como el semipresidencialismo, pero estoy convencido de que, si bien sin partidos el presidencialismo tiene problemas, como estamos viendo en estos días, también el semipresidencialismo y el parlamentarismo los tendrían, porque justamente requieren mucha disciplina, mucha solidez orgánica y acuerdos serios».
Quien resta trascendencia al debate sobre parlamentarismo es José Natanson. A su juicio, estas ideas, aplicadas a la realidad latinoamericana, provienen de «una mirada puramente eurocéntrica. ¿Qué importa si el sistema es parlamentarista? –se pregunta–. Creo que la incidencia del tipo de régimen, presidencialista o parlamentarista, sobre la prosperidad de un país es mínima. Muchos creen que un modelo parlamentario va a hacer funcionar per se el Congreso, pero no es así. En muchos casos tienden a una concentración del poder fenomenal, como sucede en Inglaterra, por ejemplo, donde el primer ministro es prácticamente un rey, mientras tiene mayoría. En algunos casos, concluye el periodista, los parlamentarismos son muy mayoritaristas y no necesariamente generan los equilibrios y consensos que se buscan»

FUENTE:http://www.acciondigital.com.ar/10-05-10/anterior.html

jueves, 20 de mayo de 2010

CRISTINA LE DIJO NO A MAURICIO

La Presidenta le entregó una carta a Macri comunicándole que no irá a la reapertura del Colón


Cristina Fernández de Kirchner le envió una carta al jefe de gobierno porteño anticipándole que no concurrirá al Colón el 24 de mayo. "La política no puede ni debe ser una media ceremonia de cinismo e hipocresía", afirma la Presidenta en un tramo de la misiva. La carta de la Presidenta

"Lamentablemente la actitud que usted asumiera por hechos ocurridos en su gestión y con funcionarios designados por usted como Jefe de Gobierno de esta ciudad -hechos y designaciones que también son públicos y notorios- y la increíble catarata de agravios que ha proferido durante la última semana, llegando en el día de la fecha a manifestaciones públicas descalificatorias de índole personal, marcan un limite que no estoy dispuesta a cruzar", planteó Fernández de Kirchner en una misiva enviada a Macri.

Luego consideró que "la política no puede ni debe ser una mera ceremonia de cinismo e hipocresía" y aclaró que "por favor, no sienta que me ha agraviado con lo que ha hecho o dicho, por el contrario, son actos impropios quo sólo lesionan su propia investidura".

Sobre el final de la carta, la presidenta señaló: "Disfrute usted tranquilo y sin presencias molestas de la velada del 24 de mayo. Me siento obligada en lo institucional, como presidenta de la Nación, a evitarle en el Bicentenario de la Patria cualquier tipo de mortificación personal o institucional al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En el encabezado del mensaje la presidenta aclaró que "hubiera sido de mi agrado" participar de la reinauguración del Teatro Colón.
FUENTE: TELAM

PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA CAPITAL.

Los Pueblos Originarios marchan a la Plaza de Mayo

Pueblos originarios, Patido Obrero, la CCC y Quebracho cortan la 9 de Julio, la Avenida de Mayo y la zona del Cabildo con sus reclamos.
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Una marcha de pueblos originarios llegó hoy a la Ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con las celebraciones del Bicentenario y tras haber atravesado el territorio argentino, para reclamar un Estado plurinacional, el reconocimiento de su derecho a la tierra y su defensa contra las actividades extractivas.

"Jallalla" (viva en aymara), "La tierra robada será recuperada" y "La tierra no se vende, la tierra se defiende", eran las consignas que gritaban miles de personas de pueblos originarios en su llegada a la Plaza Mayo.

Este reclamo de plurinacionalidad se plantea en un país con 30 naciones, pero en el que la mayor parte de los indígenas fueron exterminados, llevados al hambre, la pobreza y el olvido, no sólo por la conquista española hace 500 años, sino también por el poder local, marcado por una concepción militar, que surgió tras la independencia hace 200 años.


La demanda se asemeja a la que lograron imponer los pueblos originarios en Bolivia, tras la reforma constitucional realizada bajo el gobierno de Evo Morales.


Otros de los reclamos de estos pueblos son la oposición a las actividades extractivas, como el rechazo a la minería, por su nivel de contaminación, y el derecho a las tierras ancestrales.


Hace ocho días, los indígenas partieron de tres puntos del país en autobuses y caminando, en una marcha dura, lenta y de resistencia, antes del comienzo de las celebraciones oficiales por el Bicentenario de la independencia.


Pasado el mediodía, una columna de organizaciones sociales, sindicatos y algunos pueblos originarios se movilizaron hasta el obelisco capitalino para esperar a la columna de los que marchaban desde el interior, encabezados por sus dirigentes, entre ellos la de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala. Luego, la marcha se dirigió hacia la plaza, donde las Madres de Plaza de Mayo la recibieron entre aplausos de personas que se encontraban allí en forma autoconvocada.


"Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje", cantaban algunos grupos acompañados por sus xicus, vestidos con ponchos y gorros autóctonos.


El colorido de las vestimentas y banderas de las naciones indígenas rompió esta tarde con el paisaje habitual del centro de Buenos Aires, caracterizado por una edificación que mezcla estilos europeos con construcciones modernas.

Otros reclamos son la reglamentación y aplicación urgente del "Derecho a la Consulta y Consentimiento", reconocido en diversos instrumentos jurídicos como mecanismo de resguardo y protección de nuestras vidas y territorios. También, la aplicación de la Ley de Relevamiento Territorial aprobada hace cuatro años y frenada por los gobernadores provinciales, que protegen los intereses de terratenientes y empresarios.

El Pacto exige asimismo el reconocimiento como oficiales de las lenguas indígenas y la creación de universidades e institutos educativos autónomos indígenas, con planes de formación sobre cultura, cosmovisión y conocimientos tradicionales.

Sugiere además eliminar del calendarios oficial el feriado del 12 de octubre, llamado Día de la Raza, y promover las fechas sagradas de los pueblos originarios (Inti Raymi, Wiñoy Xipantu, Pachamama, entre otras).

Según los organizadores, alrededor de 15 mil caminantes llegaron a ese paseo público tras avanzar durante ocho días en la procesión denominada "Caminando por la Verdad, hacia un Estado Plurinacional". A las 20:30, en el Salón Mujeres de Casa Rosada, Cristina Kirchner recibirá a los dirigentes de las comunidades indígenas.

Fuente: Agencias

miércoles, 19 de mayo de 2010

BICENTENARIO: CRONOGRAMA DE FESTEJOS.

Desde el 21 de mayo, a las 18 hs., hasta el 25 inclusive, los argentinos podrán disfrutar del Paseo del Bicentenario, un espacio federal a cielo abierto donde se conmemorarán los 200 años de la Revolución de Mayo, junto a todas las provincias, y a los países invitados, muchos de los cuales también festejan su Bicentenario.

Si bien la conmemoración se realiza durante todo 2010 en el país, este evento será el único en el que se encontrarán representadas las provincias y países invitados. El objetivo es reflejar una nación federal, plural y participativa, con la mirada puesta en el continente latinoamericano y en la valoración de los grandes temas nacionales.

El Paseo se ubicará sobre todo el ancho de la avenida 9 de Julio, desde Belgrano hasta Corrientes, donde asomarán los grandes temas nacionales. Todo el trayecto será el corolario que simbolizará el recorrido por la Argentina de norte a sur.

En la “Feria de las Provincias” cada una pondrá de manifiesto su identidad, aquello que la distingue, como sus artesanías, sus gastronomías o bellezas naturales. Todas tendrán participación en: su espacio provincial, en el gastronómico, en el desfile federal (22 de mayo) y en espectáculos artísticos (hay tres escenarios dispuestos para tal fin).

Habrá un sitio especial para la denominada “Provincia 25” compuesta por el millón y medios de argentinos radicados en el exterior y para la “Provincia del Futuro”, un espacio que propone la participación activa y la reflexión de los niños, a partir de propuestas lúdicas en torno a los valores de hombres y mujeres que forjaron la historia.

Dentro de la Feria de las Provincias habrá un stand simbolizando a la Nación, organizador de los festejos y otro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Revolución de Mayo de 1810.

Los estados participantes como República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, México, Panamá, Venezuela, Uruguay, Perú, Italia, Francia, España, Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia contarán también con su lugar, ofrecerán espectáculos artísticos y participarán del Desfile de la Integración, que tendrá lugar el 23 de mayo.

Además de la Feria de las Provincias, habrá “Postas Temáticas”, espacios de interacción con la gente dedicados a la discusión y reflexión de grandes temas como son: Trabajo y Produccion, los Derechos Humanos, la Cultura, el Medio Ambiente, la Educación, la Juventud y la Ciencia y Tecnología. Cada una tendrá una agenda de actividades, entre las que se incluyen foros de debate y charlas, organizadas por el ministerio en cuestión y todos los organismos involucrados en la temática.

En tanto, las seis “Puertas temáticas”, grandes pórticos que funcionarán como puertas de ingreso al Paseo, serán intervenidas por artistas para simbolizar el acceso a la historia, al Bicentenario, a la vida de la Argentina, y abordarán los Derechos Humanos, la Identidad, el Trabajo, la Cultura, la Democracia y las Instituciones. Antonio Seguí, G.A.C, Mondongo, Marcos López, Graciela Sacco y León Ferrari, son los artistas que intervienen.

También dentro del la estructura se situará el “Paseo de los Sabores” compuesto por 24 módulos provinciales, 24 para las comunidades y 24 para las organizaciones sociales. Allí, cada provincia y cada comunidad podrán comercializar sus productos gastronómicos autóctonos y típicos como conservas, embutidos, dulces, platos típicos, aceites, licores, etc.

En tanto, en los módulos de las organizaciones sociales participarán las familias del Plan de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la obra" del Ministerio de Desarrollo social, creado para promover la inclusión social a través de la consolidación del empleo y de la participación en espacios comunitarios.

La programación artística general será muy amplia y se desarrollará en tres escenarios diferentes durante los cinco días que permanezca abierto el Paseo del Bicentenario. Del folklore al tango, del humor a la danza, música de películas, el rock argentino desde sus orígenes y grandes shows con artistas nacionales e internacionales.

Cronograma de actividades

-Viernes 21 de mayo
20hs.
Homenaje a los 40 años del rock nacional, con Moris, Fito Páez y León Gieco, entre otros. Lito Nebbia oficiará de maestro de ceremonias.

-Sábado 22 de mayo
12 hs.
Desfile militar: contará con la participación de bandas de regimientos, escuadrones de caballería montados, unidades históricas del Ejercito con trajes de época y el escuadrón banderas.

15 hs.: Desfile Federal. Cada provincia participará con intervenciones callejeras representativas. Jujuy marchará con un rebaño de llamas; por Santiago del Estero, habrá gauchos a caballo, y Córdoba presentará grupos de cuarteto, entre otras atracciones. Recorrerá el paseo desde Belgrano hasta Corrientes.

20 hs.: Recital de música latinoamericana. Conducirá León Gieco y participarán Jaime Roos, Gilberto Gil, Pablo Milanés y la cantante colombiana Toto la Momposina.

-Domingo 23 de mayo
12 hs. Desfile de la integración: participarán las comunidades y los países invitados, como representantes de la unión fraternal entre pueblos y la integración de la Argentina con Latinoamérica y el mundo.

20 hs.: espectáculo de tango y folclore. Participarán Soledad Pastorutti y Gustavo Santaolalla. Tocarán Victor Heredia, Teresa Parodi, Liliana Herrero y Peteco Carabajal. Habrá orquestas de tango y shows de baile.

-Lunes 24 de mayo
15 hs.:
Desfile de autos y motos antiguas. Recorrerá el paseo de Belgrano a Corrientes.

16 hs.: se transmitirá por pantallas gigantes el partido de despedida de la Selección argentina contra el seleccionado de Canadá.

20 hs: show en homenaje al cine argentino. La Orquesta Sinfónica Nacional interpretará música de películas.

-25 de mayo
19 hs.
Desfile de mayo: Este será el evento central, una propuesta que combina tradición e innovación con la intervención de colectivos artísticos, grupos de arte, músicos, escenógrafos y diseñadores. Más de 2000 artistas participarán del desfile central que comenzará en la Plaza de Mayo y culminará en la Avenida 9 de Julio, trayecto en el cual -a través de cuadros temáticos- se narrará nuestra historia. Consta de 19 escenas, que narran un recorrido por los 200 años de historia que se conmemoran en esta fecha, con un despliegue escenográfico imponente. No se trata de un relato cronológico sino de la puesta en escena de conceptos generales, los diversos cuadros mostrarán la historia de la inmigración, el avance en la industria nacional, el concepto de soberanía, entre otros. La artística del Desfile de Mayo estará a cargo de Diqui James. Será un espectáculo artístico histórico, de vanguardia estética y alto desarrollo tecnológico.

20 hs.: recital de cierre con Fito Páez. Cantarán el Himno 200 personalidades, entre músicos, deportistas y actores. Terminará con un show de fuegos artificiales.

Otras atracciones

En avenida 9 de Julio entre Belgrano y Venezuela, la Provincia de Buenos Aires presentará dos locomotoras antiguas: La Porteña y La Patria. El 25 a las 14 habrá un show con unos ochenta autos de Turismo Carretera. Largada simbólica desde el Obelisco.

Escenarios secundarios: en las intersecciones de 9 de Julio con Alsina y con Bartolomé Mitre

El sábado y domingo a partir de las 17, el lunes a partir de las 18 y el martes de 13 a 17 se presentarán diversos espectáculos organizados por cada provincia, países invitados y distintas comunidades residentes en Argentina. Entre otros actuarán Abel Pintos, los Tekis, y Juan Falú. Mendoza hará una recreación de la Fiesta de la Vendimia.

Postas

Serán seis espacios dedicados a temáticas como Ciencia y Tecnología, Juventud y Educación, Medio Ambiente, Cultura, Derechos Humanos y Producción. En cada una habrá charlas y foros de debate organizados por los ministerios nacionales y organismos no gubernamentales.

Puertas

Habrá tres pórticos en las entradas principales del paseo intervenidos por diferentes artistas.

La entrada de avenida Corrientes estuvo a cargo de Marcos López y el grupo GAC.

La de Avenida de Mayo la realizaron Graciela Sacco y León Ferrari.

La puerta de Belgrano fue intervenida por el grupo Mondongo.

Feria de las Provincias

Cada provincia tendrá un stand en el que mostrará su historia, sus producciones artísticas, sus atractivos naturales y todo aquello que la represente. Habrá un puesto para los residentes argentinos en el exterior, la llamada “provincia 25”, otro dedicado a los chicos, y además, un stand compartido por la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

Paseo gastronómico

A lo largo de la avenida estarán instalados 72 puestos de comida repartidos entre todas las provincias, organizaciones sociales y distintas comunidades (italiana, rusa, japonesa, judía y boliviana, entre otras). Se venderán platos típicos, conservas y licores. Además, participarán las familias del plan social “Manos a la obra”.

Muestra de países invitados


Cuatro edificios con stands de países como Bolivia, Chile, México, Francia e Italia. También habrá un puesto para la Secretaría General Iberoamericana (Segib).