martes, 17 de febrero de 2009

Notas de ACCION

Derecho a decidir
La edad promedio del primer embarazo en la provincia de Salta es de 16,6 años, según una investigación desarrollada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), por pedido del Ministerio de Salud de la Nación, y que reprodujera el diario El Tribuno hace algunas semanas. El 65% de las adolescentes encuestadas dijo que no había sido buscado ni planificado, y sólo el 35% señaló que había omitido utilizar un método anticonceptivo en el momento de mantener la relación sexual ya que deseaba quedar encinta.
Otra conclusión del estudio, que tuvo alcance nacional, es que las salteñas son quienes menos utilizan la píldora –apenas un 7,8 % lo hace– en tanto es elevada la proporción del uso de preservativos (74 %), así como la adopción de métodos que en la mayoría del país se consideran superados, como el coito interrumpido (41,6 %) y los naturales relacionados con el ciclo de la mujer (16,9%). Se estima que estos datos están estrechamente relacionados con la influencia de la Iglesia Católica, caracterizada por su tradicionalismo, lo cual revela –pese a la obligación impuesta a los hospitales públicos salteños de entregar preservativos y facilitar el acceso a otros métodos anticonceptivos en forma gratuita–, que estas prácticas estén efectivamente restringidas debido a condicionamientos culturales e ideológicos, tanto de las pacientes como de los médicos.
Asimismo, cabe señalar que todo el país presenta una baja tasa de fecundidad promedio –2,6 hijos por mujer–, pero registra grandes disparidades de acuerdo con el nivel socioeconómico de la población: más del 20% de las madres son pobres y el 32% de las indigentes tienen al menos 4 hijos. El porcentaje desciende a 7,4 entre aquellas que gozan de mayor bienestar económico.


Remedios más baratos
El Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos que se puso en marcha hace más de tres meses, está dando sus primeros frutos. Siete de los laboratorios integrantes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos, que agrupa a unas 21 entidades, cuentan ya con la autorización del órgano fiscalizador –la Anmat– y conforman el núcleo básico para participar activamente de programas estatales como el Remediar, lanzado por el Ministerio de Salud en 2005, que llega a unos 14 millones de beneficiarios a través de la distribución de remedios en 6.000 centros de salud de todo el país.
Un laboratorio de Santa Fe, por ejemplo, proveería el antibiótico cefalexina, y otro de Formosa, aspirina para niños. Cabe señalar que ninguna empresa privada presentó oferta por los productos consignados, pero quienes apuestan al potencial desarrollo de la red, apuntan que, tras la necesaria etapa de consolidación, se estará en condiciones de competir sobre la base de menores costos.
Se estima que además de generar ahorro, la red permitiría que los laboratorios públicos generen precios testigo para cada producto, ya que actualmente los privados recurren a acuerdos que perjudican a los forzados consumidores.


El crimen del obispo
Hace 32 años el obispo riojano Enrique Angelelli era brutalmente asesinado cuando viajaba en una camioneta desde la ciudad de Chamical, acompañado por un sacerdote. De acuerdo a lo acreditado por el magistrado interviniente, portaba una carpeta que contenía elementos de prueba respecto del homicidio de curas perpetrado el 18 de julio de 1976 por esbirros de la dictadura militar.
El juez de la causa dio por probado que la camioneta que guiaba Angelelli fue alcanzada sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Punta de los Llanos, por un automóvil –aparentemente un Peugeot 404, de color claro–, el cual realizó una maniobra brusca que fue seguida de una explosión. La camioneta en la que se trasladaban los sacerdotes se desplazó a la banquina derecha, regresó a la ruta unos 80 metros más adelante cuyo posterior vuelco produjo la muerte del obispo. Su cuerpo, que había quedado tendido a unos 25 metros del lugar, fue arrastrado hacia allí por sus asesinos.
Tomando en cuenta estos elementos plenamente verificados, el magistrado concluyó: “La muerte del obispo Enrique Angelelli no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”.
En uno de los homenajes que se le rindieron en La Rioja, Miguel Baranetto, quien desde la revista Tiempo Latinoamericano impulsa desde hace años la investigación judicial de la causa, afirmó: "Entre los tres que se indican como autores mediatos o materiales, además de Luciano Benjamín Menéndez, se cuentan el capitán José Carlos González, alias ‘Monseñor’, torturador de La Perla, que ya ha fallecido, el sargento Luis Manzanelli, que está vivo y acaba de ser condenado junto con Menéndez a cárcel perpetua y común y el tercero, que aún sigue libre, es el sargento Carlos Otero".

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